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Así seguirá Bruselas a Pedro Sánchez


El gran paquete de ayuda europea deja la gestión de al menos el 80% del grueso de la financiación en manos de los gobiernos. Esto ha obligado a Bruselas a establecer estrictos mecanismos de seguimiento y control con funcionarios asignados directamente a cada país. Técnicos que verifican el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos y que recuerdan a esos ‘hombres de negro’ de la pasada crisis financiera, aunque sin la misma carga estigmatizante. Porque estarán en todos los países de la UE.

La cuestión es que el trabajo de sus altos funcionarios (dos de ellos ya viajaron a Madrid el pasado mes de octubre) tiene que seguir cada paso que dé España en los 416 hitos y objetivos, la mayoría relacionados con el periodo 2021-2023. , que el Gobierno tiene que cumplir para poder recibir los 60.000 millones de euros de ayudas directas que ha solicitado en diferentes apartados.

El llamado ‘acuerdo operativo’ (un documento extenso de 343 páginas) firmado esta semana entre Madrid y Bruselas, no solo permite liberar los 10.000 millones del primer tramo para logros, que se sumarán a los 9.036 millones ya ingresados ​​en la forma de un anticipo. También establece en detalle el protocolo que se seguirá para supervisar los compromisos a más largo plazo. Y cómo tiene que ser el diálogo entre el Gobierno y la Comisión Europea.

Trimestral y ‘ad hoc’. Reuniones ilimitadas

La Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas piloteará todo el trabajo. Su ‘coordinador’ estará obligado a realizar “intercambios trimestrales” con funcionarios comunitarios. “Pueden tener lugar presencialmente en España o en Bruselas”, se especifica, pero también por videoconferencia o por intercambio de escritos.

Siempre habrá un punto permanente en la agenda: el cronograma de solicitudes de pago (un total de ocho desembolsos). Y la Comisión requiere que el “coordinador” evalúe e informe en consecuencia “de cualquier riesgo significativo” en ese calendario. El control será tal que incluso Bruselas podrá exigir a España la convocatoria de reuniones técnicas en las que estaría presente con jefes de entidades gubernamentales encargadas de implementar las reformas.

Semestre europeo. La vigilancia decisiva

La clave de todo el proceso estará en el Semestre Europeo. Establecido para supervisar y coordinar la política presupuestaria, fiscal, económica y social de la UE, es en este caso el ciclo de vigilancia decisivo. Aquí España tiene desde hace años deberes que tiene que cumplir, como la reforma del mercado laboral (con plazo el 31 de diciembre de este año para su aprobación) o la de las pensiones, fijada a finales de 2022. como prueba definitiva la publicación en el BOE “acompañada de un documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el hito”.

El evento anual. Bruselas también se explica

La Comisión Europea y España deberán celebrar, además de todas las reuniones ya previstas, un evento anual con la participación de los responsables de la ejecución del plan de recuperación. El objetivo, “discutir la complementariedad, sinergia y coherencia” entre la ayuda y su aplicación del citado plan y los demás programas de la Unión. Además, cada año, la Comisión Europea rinde cuentas al Parlamento y al Consejo con un informe sobre el progreso realizado con los planes de recuperación y resiliencia; el volumen de ingresos asignados y cómo va la recaudación.

Acceso a todos los datos. Transparencia absoluta

Y muy importante. Transparencia. Acceso completo a la información. El acuerdo dedica un punto expreso a esto. «España se asegurará de que, previa solicitud, la Comisión tenga pleno acceso a los datos subyacentes pertinentes que respalden la debida justificación de la solicitud de pago, tanto para la evaluación de la solicitud de pago como para fines de auditoría y control. El Coordinador proporcionará esta información a la Comisión. España deberá realizar una solicitud debidamente justificada para cada uno de los desembolsos que requiera. Y cualquier cambio en los acuerdos operativos debe ser acordado por ambas partes.

Infracciones. Suspensión de ayudas

A partir de aquí, las suposiciones. Si los hitos y los objetivos no se cumplen satisfactoriamente, los funcionarios de la Comisión podrían recomendar una medida drástica: “Suspender el pago de la totalidad o parte de la contribución financiera”. El Estado miembro de que se trate podrá presentar observaciones en el plazo de un mes. Si en seis meses no ha tomado las medidas necesarias para corregir la situación, la Comisión cancelará el monto de la contribución financiera.

¿Y qué pasaría si pides destacar hitos y objetivos? Aquí se prevé un mecanismo que se superpondría con el anterior. Inicialmente, se requieren “circunstancias objetivas” para justificar el incumplimiento total o parcialmente, incluidos los objetivos intermedios y las metas relevantes. El país estaría obligado a presentar a la Comisión una solicitud motivada para modificar o reemplazar los compromisos; incluso “un plan de recuperación nuevo o modificado”.

Si la Comisión considera que los motivos alegados lo justifican, examinará el nuevo plan para que cumpla con los principios fundamentales del fondo extraordinario. Es decir: las medidas contribuyen al crecimiento, crean empleo y garantizan la resiliencia económica y social; que el destino del 37% del gasto a la transición verde y del 20% a la digital es igual o superado; y que en ningún caso habrá un impacto negativo en el medio ambiente.

Bruselas tendrá cuatro meses para evaluar la nueva propuesta desde el momento en que se presente oficialmente. Si no obtiene su aprobación, las cosas se complican aquí. Un mes para que el Estado miembro presente observaciones. Y en el caso más extremo, incluso la devolución con intereses de los artículos ya recibidos.

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